El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una intervención estatal en la cerealera
El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, fue el primero en advertir a fines de 2019 que el “estrés financiero” de Vicentin era en realidad un enorme pagadiós fraudulento que tuvo entre sus principales víctimas a la entidad financiera oficial. A casi dos años de esa disrupción y poco después de la oferta “testimonial” que la empresa realizó a sus acreedores para pagar el 25% de la deuda de u$s 1.400 millones, insiste con la necesidad de tomar “una decisión política para evitar la consumación del fraude”. En ese sentido, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una acción estatal, consensuada con el resto de los acreedores comerciales y financieros, para evitar el desguace, poner en marcha la empresa y asegurar la recuperación de las acreencias por parte de bancos, productores y cooperativas. “No nos resignamos a mandar a pérdida todo, muchos de los que confrontaron de manera absurda contra la expropiación, hoy están planteando otras cosas porque cambió la situación”, dijo.
-¿Qué opina de la última propuesta que Vicentin le hizo a los acreedores?
-La propuesta que presentó Vicentin a los acreedores es una tomadura de pelo, aunque en realidad es un globo de ensayo que tiene como único objetivo lograr lo que le vienen pidiendo al juez, que es pasar a marzo el plazo para presentar un plan de pagos. En septiembre se termina el período de exclusividad y, en tanto no exista una propuesta concreta, tienen que empezar a hablar los acreedores acerca de qué quieren hacer con la empresa. Vicentin quiere ganar tiempo para terminar de consumar los acuerdos que vienen llevando adelante con su viejo socio histórico, Glencore. Lo que está claro es que si no media una intervención estatal nueva, una decisión política de evitar la consumación de un fraude, lo que vamos a tener es un proceso doble. Por un lado, el lugar que deja Vicentin en el mercado de granos va a ser ocupado por Glencore, en sociedad con Pérez Companc. Va a haber mayor extranjerización y concentración del comercio exterior. Acompañada de un desguace de la empresa, con sus efectos laborales negativos. Y por otro lado, tendrá un efecto negativo sobre los acreedores, que ya pueden tener con esta propuesta una medida de la intención de la empresa, que es no pagarles prácticamente nada. En nuestra opinión, hay que tratar de que, finalizado el periodo de exclusividad, el Estado argentino, a través de los derechos que tiene mediante el Banco Nación, el Bapro, el Banco Ciudad, el Bice, la Afip y demás, acuerde una estrategia con otros acreedores comerciales, productores y cooperativas, para quedarse con la empresa y transformarla en una empresa testigo de nuestro comercio exterior.
“Se puede armar una estrategia de salida, que nos devuelva un mecanismo de contralor sobre un negocio muy opaco”
-¿Sería una estrategia distinta a la que se intentó el año pasado a través del proyecto de expropiación?
-Si uno reúne la masa de acreedores necesaria para llevar adelante el cram down, y el Estado argentino tiene una capacidad importante porque el principal acreedor es el Banco Nación, hay margen para establecer acuerdos sobre la base de poner en marcha la empresa y recuperar las acreencias. Si el Estado argentino le emite un bono al Nación por la deuda que Vicentin tiene con la entidad, ya con ese bono puede liberar las previsiones e incrementar su capacidad financiera. Y el Estado tiene el derecho accionario que le corresponde al banco. Hay condiciones para establecer una estrategia que permita recuperar esta empresa. Si uno combina el financiamiento de productores para entregar materia prima a Vicentin, lo que requiere primero cambiar los dueños, con los buenos precios internacionales, la empresa tiene viabilidad, se garantiza el trabajo y se consiguen los recursos para afrontar las deudas que se tienen. Porque la verdad es que sólo el fraude consumado explica lo que pasó con la empresa. La auditoría forense que se hizo muestra a las claras que Vicentin derivó todo el financiamiento que obtenía por fuera del negocio, que utilizó las operaciones de compra venta entre sus propias empresas para sacar dinero de la circulación del negocio de exportación de granos y que, además, fue acumulando deudas que ocultó a sus acreedores durante años. Claramente hubo un comportamiento que produjo este resultado. No es que la empresa no fuera viable. Era el sexto exportador de granos de la Argentina. En este sentido, se puede armar una estrategia de salida, que además nos devuelva un mecanismo de contralor sobre un negocio muy opaco. Con una empresa testigo como Vicentin las otras nueve van a saber que el Estado puede saber cuando están declarando lo que debería.
-¿Está propuesta se está analizando en otros niveles del gobierno nacional?
-Hay distintos sectores que impulsan esto. Está el planteo de los legisladores que integran la comisión del seguimiento del caso Vicentin en Santa Fe, hay productores que reclaman la intervención de provincia y Nación. Desde el Banco Nación estamos tratando de evitar que esto quede en aguas de borrajas. No nos resignamos a mandar a pérdida todo. Trabajamos para ir construyendo consenso. Muchos de los que confrontaron de manera absurda contra la expropiación, hoy están planteando otras cosas, porque cambió la situación. Hay causas por todos lados que dan cuenta del fraude que Vicentin llevó adelante y hay que crear los consensos para dar una salida distinta. Es un tema que debe preocuparnos, sobre todo cuando el tema de los dólares que deben ingresar al país es de primer orden. En 2020, comparando con 2019, las exportaciones de Vicentin se redujeron en u$s 1.800 millones. ¿Y quien sube? Glencore, que expande exportaciones en u$s 700 millones de dólares y el grupo santafesino Olio, a través de Díaz y Forti, que “casualmente” estaba alquilando la planta, y pasó de exportar u$s 4 millones en 2019 a u$s 838 millones en 2020. Es decir que entre quien operaba la planta de Vicentin y su socio histórico se quedaron con u$s 1.500 millones de los u$s 1.800 millones de la porción del negocio que dejó. Es difícil pensar que Vicentin no esté enganchado en esa “salida”.
“Macri dejó al BNA con la mitad del patrimonio”
El director del Banco Nación Claudio Lozano destacó que la entidad oficial se transformó en “un agente de la recuperación económica del país”, con más de $ 320 mil millones de créditos volcados a la producción. Como economista, ve señales de reactivación pero pidió “una estrategia más potente de distribución del ingreso”.
“El Banco Nación era la mitad, en patrimonio, que el que recibió Macri en 2015”, recordó Lozano, quien describió que, en paralelo a ese achicamiento, su crédito se concentró en grandes empresas, “o muertos como Vicentin”, y en “la trampa que le hicieron a tanta gente como los créditos UVA”.
Dijo que la actual conducción está “tratando de resolver esa mochila” y al mismo tiempo cambiando la asignación del crédito para dinamizar a las pymes. Señaló que se creó un consejo consultivo que incluye a esos actores económicos y que se abrieron centros de atención pyme en todo el país. “El banco se transformó en un agente de la política económica, con múltiples iniciativas y proyectos de financiamiento articulados con el Ministerio de Desarrollo Productivo”, contó.
Subrayó que el BNA es la entidad con mayor cartera crediticia en el mercado y recordó que hizo punta en la asistencia, en el marco de Covid, con los créditos del 24%. En materia patrimonial, resaltó que se recuperó la “rentabilidad, la solvencia y la liquidez”. En 2020 fue la empresa con mejor resultado en materia de utilidades de la Argentina. “Estamos comprometidos con el proceso de acompañar con financiamiento a la actividad económica”, dijo.
Al respecto, destacó que la economía empezó a recomponerse en junio, aunque advirtió que el mercado interno “está anémico y necesita una inyección de fondos en el bolsillo de la gente para expandir el consumo”.
“Desde junio para acá se han dado un conjunto de políticas para acompañar ese proceso, como Ahora 30, pero hace falta una estrategia más potente de distribución del ingreso”, señaló, al abogar por un apolítica de ingreso “más firme”, que “recompongan salarios y jubilaciones, y asegure un ingreso universal a población de menores ingresos, que es la mitad del país”.
FUENTE: La Capital