El “padelgate” terminó en multas y probation

El juez federal de Campana Adrián González Charvay había procesado a catorce personas que el 28 de junio de 2020 fueron hallados en las canchas de padel del Club Atlético Pilar cuando violaban el aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus, y en las últimas horas los imputados acordaron pagar multas y hacer servicios comunitarios, por lo que evitarán ir a juicio.

En plena cuarentena cerrada de 2020, la Gendarmería Nacional Argentina recibió una denuncia, que según informaron se trató de un llamado anónimo realizado a la línea 134, donde se explicaba que había personas preparadas para jugar en el club situado en la ruta Provincial 8 y Las Rosas, en Pilar Centro. Cuando llegó la Gendarmería encontró a 14 hombres, entre quienes estaba Fernando Lauría, que ocupaba el cargo de secretario general y de Economía del Municipio de Tigre, y tras el suceso dejó su cargo.

Además de Lauría, los otros procesados fueron Gustavo Melnyk, Adrián Chanteiro, Matías Ezequiel Medina, Jonathan Marcelo Correa, Jorge Francisco Correa, Jorge Marcelo García, Sergio Torres, Alfredo Drago, Fabián Daniel Córdoba, Claudio Marcelo Herreros, Felipe Hernán Llerena, Ignacio Amui Amorena, y Francisco Ulloa. El delito que se les imputaba: “violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Tras la confirmación del procesamiento, los distintos imputados pidieron no llegar a la instancia de juicio oral, y pese a la oposición del fiscal de Campana, Sebastián Bringas, cuando la causa llegó a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, la decisión fue revisada y en las últimas horas nueve de los 14 imputados pudieron acceder a la “suspensión de juicio a prueba” (probation), mientras que otros cinco a la “reparación integral del daño” a través del pago de una multa.

De esa manera evitan someterse a juicio en el que hubieran podido llegar a ser condenados y además no les quedan antecedentes penales.

De acuerdo al fallo, al que tuvo acceso el portal Infobae, “ante el complejo escenario sanitario, económico y social que atraviesa el país, producto de la propagación del COVID-19, se advierte que el método ofrecido por los imputados para remediar el perjuicio que se habría producido, favorecería innegablemente los bienes jurídicos comunitarios en juego y permitiría contribuir a mitigar los efectos dañosos para la sociedad, en este peculiar contexto histórico, toda vez que dispondré que en los casos en los que no medie especificación en el ofrecimiento, las reparaciones serán a favor del Hospital Juan C. Sanguinetti de Pilar”.

A partir de lo resuelto, Lauría pagó $120.000 en tanto Llerena, Amui Amorena y Ulloa pagaron 100.000 cada uno. Es decir que $420.000 fueron a las arcas del hospital Sanguinetti de Pilar. En tanto el quinto, Herreros, compró 20 litros de pintura para el hogar Abrazando Pilar.

Para cumplir con las probation, el juez estableció que los beneficiados cumplieran tres horas semanales de trabajos comunitarios durante tres meses en entidades propuestas por ellos mismos. Además agregaron una suma de dinero como resarcimiento.

Los responsables se comprometieron a realizar tareas comunitarias en organizaciones del noroeste del conurbano y a contribuir con dinero destinado en alimentos para esas instituciones por cifras que van desde los 1500 a los 3000 pesos.

FUENTE: Que Pasa Web

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