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Dom, Mar

La paritaria había sido inaugurada de manera formal el 30 de enero último y, la semana anterior, habían comenzado a deliberar las comisiones técnicas pedagógicas y formativas.

 

Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios de los Ministerios de Educación y Trabajo acordaron hoy un salario mínimo inicial de 23 mil pesos a partir del 1° de marzo y de 25 mil pesos desde el 1° de julio próximo, informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que también se convino una suma extraordinaria no remunerativa de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 cada una, por lo que el acuerdo garantizó el inicio del ciclo lectivo de este año.

En un encuentro realizado en la sede educativa nacional, en el que también participó el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni; funcionarios del Consejo Federal de Educación y los sindicatos con representación nacional, se acordó que esas sumas no remunerativas sean abonadas consecutivamente en los meses de abril, mayo, junio y julio, explicó a Télam el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

El sindicalista, uno de los referentes de los cinco gremios nacionales, también explicó que gobierno y dirigentes ratificaron la vigencia del pago de los 1.210 pesos por cargo -hasta dos- en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), detalló.

"Ese dinero en concepto del Fonid no se toca. Continuará siendo abonado como hasta ahora", precisó Romero a Télam, para agregar que, de ahora en más, habrá que comenzar a trabajar en "el pago de sumas remunerativas, para lo cual se impone la continuidad de las reuniones, en especial de la Comisión del Salario, ya que fue solo el puntapié inicial, luego de la destrucción operada durante los últimos cuatro años" de macrismo.

Romero también detalló que el alza del mínimo inicial a 23 mil pesos en marzo y a 25 mil en julio próximo representó una mejora salarial del 13 y el 16 por ciento, respectivamente.

Luego de cuatro años sin Paritaria Federal -que determina el piso mínimo inicial referencial para que lo analicen y negocien en paritarias los gremios de las provincias- los sindicatos acordaron el ingreso inicial luego de apenas dos encuentros en el Ministerio de Educación.

Trotta fue el encargado de anunciar la mejora salarial en una conferencia de prensa ofrecida inmediatamente después de firmado el acuerdo con los sindicatos.

El ministro detalló que las cuatro cuotas no remunerativas de 1.210 pesos serán "iguales, mensuales y consecutivas" y precisó que "la decisión oficial de convocar a la paritaria nacional docente es una etapa de consenso que procura dejar atrás los desencuentros".

En ese sentido, el funcionario expresó que "esta primera reunión se relacionó con el desafío que debe enfrentar la Argentina respecto del progresivo proceso de inversión educativo", en tanto Moroni celebró "la apertura, discusión y acuerdo" y realzó "la posibilidad de alcanzar convenios en circunstancias complejas como la actual".

El encuentro se realizó en el Palacio Sarmiento y participaron los delegados paritarios de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El dato relevante fue la reinserción del Sadop -que conduce Jorge Kalinger- en la Paritaria Federal, ya que había sido aislado de la negociación hace varios años por el ex ministro Esteban Bullrich por considerarlo "ajeno" a la discusión salarial con el Estado Nacional.

Fuente: TELAM

El ministro de Economía le advirtió a los bonistas que “sufrirán frustraciones” y destacó la independencia del plan económico. Ante los principales referentes de la industria y el sindicalismo resaltó que la negociación con los acreedores debe ser razonable para que Argentina pueda volver a crecer.

Duro en el diagnóstico, prolijo en el discurso y sin mostrar todos los naipes. El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso durante poco más de una hora ante los diputados. Si bien no dio detalles sobre la estrategia de negociación con ninguno de los acreedores les advirtió a “los bonistas que se sentirán frustrados” y señaló que no aceptará ninguna negociación que no dé como resultado una posibilidad cierta de sostenibilidad de los compromisos. El bloque de Juntos por el Cambio, preso de sus propias internas, escuchó, guardó silencio y descargó su batería de lugares comunes en una conferencia de prensa que se realizó después que el titular de Economía abandonara el Palacio Legislativo.

Ante la atenta mirada de los legisladores, que en ningún momento abandonaron sus bancas, y de los principales referentes de la industria y el sindicalismo que seguían el debate desdes las galerías Guzmán aseguró que todas "las medidas están pensadas y forman parte de un plan".

Cómo era lógico el ministro no dio detalles precisos de la negociación pero si marcó limites claros respecto de lo que está dispuesta a ceder la Argentina. Luego de detallar tres escenarios posibles y dejar en claro que en el mejor de los casos el equilibrio fiscal se alcanzará en 2022 y que recién una año más tarde Argentina podría mostrar superavit remarcó: "Para poner fin al endeudamiento recurrente tenemos que poner objetivos que podamos cumplir. Está claro que con estos números va a haber frustración por parte de los bonistas pero nos tenemos que sentar en la mesa con la realidad".

En ese marco y en referencia a las distintas especulaciones que se hacen sobre cuál será el tono que el equipo económico elegirá para llevar a cabo la parte final de la negociación, tanto con el FMI como con los tenedores privados, el funcionario sentenció: "No será ni amigable ni agresiva, será sostenible".

A lo largo de su discurso, Guzmán remarcó en varias oportunidades, para dejarlo en claro puertas adentro y puertas afuera, que no se admitirán condicionamientos ni del Fondo Monetario Internacional ni del resto de los acreedores. "Nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica", enfatizó el ministro en el medio de su ajustada exposición y luego, al finalizar, reiteró: "Lo que hacemos lo hacemos porque nosotros queremos. Nosotros tenemos el control. Argentina no permite que haya condicionalidades al programa económico. No tengan duda de que este equipo de gobierno defenderá los intereses del pueblo argentino".

Guzmán cumplió con el pedido de Juntos por el Cambio. Evitó las chicanas y no mencionó a ninguno de los funcionarios del gobierno que encabezó Mauricio Macri. Eso no lo privó de comenzar su informe con un crudo diagnóstico del legado cambiemita. El ministro repasó los números de pobreza, desocupación e inflación y enfatizó el crecimiento de la deuda en dólares. También embistió contra el modelo monetarista y de metas de inflación incumplida. En base a ese detalle justificó el cambio de modelo.

Más allá del diagnóstico el ministro también señaló responsables. "Esta es una crisis en la que todas las partes tienen responsabilidad: Argentina; los bonistas --que decidieron apostar cubriéndose de riesgo y cobrando tasas altas por si la cuestión iba mal--; y el FMI, que realizó el préstamo más grande de su historia, que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país, por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible, y para financiar la salida de capitales”. El FMI es responsable", enfatizó.


A la hora de puntualizar la responsabilidad del gobierno anterior detalló: "El país tiene una carga de deuda insostenible. Esto es la consecuencia de un esquema económico que estuvo muy lejos de ser exitoso. Argentina accedió al mercado de crédito internacional en 2016 y vendió esta idea de la lluvia de inversiones y la realidad está a la vista: nada de esto ocurrió. Vino deuda pero nunca llegó la inversión productiva".

A lo largo de la su informe el funcionario agradeció en más de una oportunidad a Juntos por el Cambio y al resto de los bloques opositores por el apoyo en la sanción de la ley de renegociación de la sostenibilidad de la deuda externa. En ese contexto, con tono conciliador y la mirada puesta en el futuro afirmó: "Es hora de dar vuelta la página y decirle nunca más a los ciclos de endeudamiento. Hay que acabar con esto para vivir en una Argentina tranquila y con oportunidades. Nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. Nunca más a ciclos que destruyen oportunidades".

Antes de finalizar su informe ante los legisladores el ministro volvió a cargar sobre el FMI. "No se cumplieron los objetivos del programa con el FMI: no ayudó a estabilizar. Pero sí se cumplieron las premisas. El gobierno anterior hizo todo lo que pedía el Fondo", explicó y agregó: "Tenemos que tomar compromisos que sí se puedan cumplir, con senderos fiscales y comerciales que sí podemos cumplir. La sociedad Argentina está primero".

Fuente: Página 12

 

Cuando Macri llegó al gobierno había 11.000 viviendas Procrear casi terminadas. No hizo nada, por lo que Bielsa revela que las entregarán próximamente. También anticipa las ideas para solucionar los problemas con los créditos UVA y la relación que tendrá el estado con el mercado inmobiliario.

Dicen que los escritorios reflejan el carácter de quienes los ocupan. De ser así, en la cabeza de la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, todo debería ordenarse en forma simétrica. En su mesa de trabajo se apilan papeles e informes dispuestos con precisión, en función del espacio, uno al lado de otro. La arquitecta los revisa y los vuelve a acomodar, busca de datos. Quiere ser exacta: una tarea complicada en un área donde sobran estimaciones y faltan estadísticas.


En Argentina se calcula que hay más de tres millones de hogares con déficit habitacional, nueve millones de inquilinos y dos millones de viviendas ociosas. Si a ese panorama le sumamos las dificultades en el acceso a la tierra y los dramas hipotecarios, el escenario que debe enfrentar el primer ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de nuestra historia está más cerca de una pesadilla que del sueño de la casa propia. El gran desafío, le explica Bielsa a PáginaI12, es que “las viviendas estén integradas al espacio urbano” y concebirlas “como un lugar que tiene que ver con la identidad, la seguridad, el arrope, el cuidado y los modos de habitar”.


“Tener una vivienda digna es un derecho humano. Cuando una familia se va a vivir a un lugar amplio, a una casa de material, recupera la dignidad”, como escribió Alberto Fernández en Twitter, el 2 de octubre pasado. “Fue a la noche, a eso de las 23 hs. Me acuerdo que me impactó mucho y en una recorrida de campaña en Santa Fe, lo charlamos”, señala Bielsa. “El me dijo que sentía que el ministro de Obras Públicas, al encargarse de las grandes obras, rutas, puentes, centrales hidroeléctricas, pocas veces tenía tiempo para dedicarse al hábitat. Y la verdad es que yo también siempre pensé que deberían ser dos canales”.

–¿Cómo fue el ofrecimiento del cargo?

–Fue en la oficina de México, nunca me imaginé en este cargo. Es un enorme desafío, una oportunidad que los arquitectos urbanistas venimos esperando hace muchísimos años.

–Alberto Fernández dijo en el Foro Ciudades en Rosario que “Argentina va a ser un país distinto el día en que una persona nacida un Jujuy tenga la posibilidad de crecer, estudiar, enamorarse y morir en su propia tierra”. ¿Cómo lo analiza?

–Es una frase que describe el lineamiento que tiene este gobierno. Desde el primer momento, el presidente se ha manifestado por un país federal. Han habido distintas ideas sobre el federalismo, pero creo que la más integradora es la que nos propuso Alberto. Hay un libro de Juan Grabois, “La clase peligrosa”, en cuyo capítulo final relata la vida que todos queremos hacer: que nuestros hijos se levanten a la mañana, vayan a la escuela, que tengan una maestra con la que puedan compartir nuevos conocimientos, después vuelvan a su casa y sus padres los estén esperando para comer juntos, y a la tarde peloteen como lo hacían mis hermanos en la vereda. O que tengan un club a donde ir, que se puedan formar. Todos tenemos ilusiones parecidas, no hay una ilusión diferente según la clase social a la que uno pertenezca. Me parece que el gran imperativo político de este gobierno es poder consolidar esta idea desde la gestión y que todos los ministerios trabajemos integradamente. El objetivo es implementar una política de radicación de la población en su lugar de origen. Y para eso necesitamos un Estado menos burocrático y con más acción.

–¿Cuál es la situación habitacional del país?

–Los datos son bastante imprecisos porque hace mucho tiempo que no se hace un registro con rigurosidad. El déficit se estima en alrededor de 3,2 millones. Existen, además, dos millones de viviendas que no están ocupadas. Entonces, si nosotros logramos incentivar para que esas viviendas estén en el mercado, el déficit se achicaría. Sin embargo, no hay que pensarlo sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos. Hay muchas viviendas que tienen que ser atendidas por su condición deficitaria, que requieren instalaciones sanitarias completas, baño, cocina y lavadero con agua caliente. No hay una sola forma de resolver el déficit. Es necesario, también, mejorar la accesibilidad y la conectividad en áreas rurales. Tener programas, como algunos con mucho éxito en Europa, de apoyo al alquiler social.

–El acceso a la tierra es una de las mayores problemáticas.

–Sí. Es importante tener una política de suelo en la que seamos actores. Donde podamos tener un estudio serio de cuánto es lo que tiene que costar el suelo infraestructurado. Por otro lado, si el sector privado se asocia con el Estado, tiene que resolver una encrucijada: ¿queremos construir más a mejor precio o poco a un precio inaccesible? Nosotros los invitamos a construir más, pero a menor precio. Porque no hay industria que te permita cuadruplicar la ganancia.

–¿Cuál es la situación de los hipotecados UVA?

–Hay más de 130 mil hipotecados con créditos UVA vinculados a vivienda única. La ley de Solidaridad le dio la responsabilidad al Banco Central de revisar la situación del tema.

–¿Es alta la tasa de morosidad?

–No me gusta hablar de nivel de morosidad porque ese fue un argumento que el gobierno anterior usó para distorsionar. Decía que había poca morosidad y que, por lo tanto, se podía pagar. Pero los tomadores de créditos UVA por poner como prioridad pagar la cuota se endeudaron con la tarjeta de crédito, con familiares o amigos que les prestaron dinero. Por lo tanto, es un argumento que no ha sido claramente explicado. El otro argumento que afirmaba el gobierno anterior es que se capitalizaron. Y si bien es cierto que la vivienda es un bien que en el tiempo se mantiene relativamente estable, el que compra una vivienda única con un crédito UVA no está pensando en venderla.


–¿Qué opina de este esquema de créditos atados a la inflación?

–Creo que pueden funcionar si no tenés una escalada inflacionaria. El año pasado fue la más alta de los últimos 28 años. No matemos al sistema, veamos por qué no funcionó. El problema fue la inflación.

–¿Se va a extender el congelamiento de las cuotas?

–Nosotros creemos que no es bueno extender el congelamiento de las cuotas porque cuando se suelten, el salto va a ser enorme. Lo mejor es consensuar con los hipotecados una solución, por lo menos, a mediano plazo. El otro día leía una entrevista al ex secretario de Vivienda –Iván Kerr– que aseguraba que el sistema había funcionado. Que el problema es que nosotros estamos prorrogando subsidios por un mes, cuando en realidad el gobierno anterior congeló las cuotas por 4 meses. Nosotros nos propusimos no generar esa angustia en el mes de enero. Ahora les vamos a hacer una propuesta.

–¿Cuál va a ser el alcance de esa propuesta?

–Probablemente no incorpore a todo el universo de hipotecados porque hay distintas situaciones. Por ejemplo, el congelamiento alcanzó a determinados niveles de tomadores de UVA, hasta 140 mil. No más de eso. Entonces, nos hemos comprometido que a fin de mes el Banco Central va a hacer una propuesta sobre el tema. Los bancos públicos y los privados han colaborado dando sus miradas sobre cuál es el universo que hay que atender. Es necesario reconstruir la confianza en la palabra pública. Lo ideal sería que tengamos un país estable, en donde el crédito hipotecario sea una realidad. No ha sido así en todos estos años.

–Con las tasas de interés que siguen siendo altísimas y el impuesto del treinta por ciento al atesoramiento en dólares, es complicado.

–Con respecto al dólar PAÍS y al dólar oficial, la AFIP ya se expresó. Lo que aplica es el dólar oficial para vivienda única hasta 100 mil dólares.

–¿Cómo evolucionó el Plan Procrear en estos últimos años?

–Hay once mil viviendas Procrear que estaban casi terminadas en la última gestión de Cristina Fernández y en estos años no fueron entregadas. Si ustedes pasan por Ezeiza van a ver viviendas terminadas, custodiadas por seguridad privada que tienen cuatro años sin entregar. Están adjudicadas, solo les faltaba una ordenanza, algún trámite. Durante el gobierno anterior, no se ocuparon de los problemas del otro. Hay una persona pagando un alquiler y su vivienda está terminada. Además, existe un gasto ocioso enorme: la custodia privada, termotanques que se desfondaron por falta de cuidado y hay que cambiarlos, lugares en donde entró humedad y como no se ingresó a la vivienda ahora hay que repararlos. Esto demuestra la falta de comprensión del rol del Estado.


–¿Y cuándo van a ser entregadas estas viviendas?

–Estamos armando un cronograma para poder hacerlo antes de marzo. Hay 8 mil lotes con servicios para construir una vivienda y que también se podrían haber entregado. Los recursos estaban pero no hubo voluntad política. Durante el último mandato de Cristina Fernández se otorgaron a través del Procrear 110.000 créditos hipotecarios. Entre 2016 y 2019 solamente once mil. Es decir, el diez por ciento. Y en cuanto a ampliaciones y mejoras de hogares, por ejemplo si alguien quiere renovar el baño o la cocina, la comparación es de 85.888 entre 2012 y 2015 contra 0 en el gobierno de Mauricio Macri. Esto, además, tiene un impacto enorme en el desarrollo y en la mano de obra de un país que necesita poner su sistema productivo a trabajar con intensidad. Acá no hablamos solo de viviendas sino de puestos de trabajo, de economías locales que dejaron de funcionar.

–¿Qué va a pasar con la ley de alquileres?

–Allí tenemos un camino que se ha discutido largamente en el Congreso. Ya tiene media sanción en Diputados y podría tener tratamiento en el Senado en las sesiones extraordinarias. Entendemos que el Estados tiene que involucrarse sin que esto signifique descalificar el rol del mercado. Pero el mercado solo, no ordena. El sector inmobiliario lo ha planteado. Ellos visualizan que ha bajado mucho la venta de inmuebles y quieren trabajar en conjunto con el Estado.

Fuente: Página 12
Por Sebastián Cazón

Consenso fiscal, eliminación de jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos, el armado de la comisión que propondrá una nueva fórmula de calculo de la movilidad jubilatoria y la renegociación de la deuda con el FMI serían parte de la primera etapa.

La Casa Rosada tiene prácticamente terminados los proyectos que quiere que el Congreso debata a partir de la última semana de enero. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández coordinó la estrategia con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. La agenda incluirá la sanción de la ley de Consenso Fiscal acordado con los gobernadores, la eliminación de los regímenes jubilatorio de privilegio para jueces y diplomáticos, el armado de la comisión que estudiará la nueva fórmula de cálculo para la movilidad jubilatoria automática que el Gobierno suspendió por 180 días, y la renegociación de la deuda con el FMI. En tanto, el debate sobre la reforma judicial y la creación del Consejo Económico y Social, arrancaría en febrero.

En pos de afinar esa estrategia, Fernández almorzó primero con Kirchner y luego se sumó Massa quien había estado reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Los hombres del Congreso tienen todo listo para llamar al debate pero dependen del ritmo que el Ejecutivo le imprima a la redacción final de los proyectos. El lunes pasado la Cámara baja había suspendido la sesión programada para el 22 de enero porque la agenda prometida por el gobierno no había llegado y esto fue lo que Fernández, Kirchner y Massa conversaron en el despacho presidencial.

En tanto los equipos del presidente terminan de redactar los proyectos, la tarea de Massa y de Kirchner será la de evaluar la posible resistencia de la oposición y cuáles serán los límites de las modificaciones que puedan sufrir los textos que enviará la Rosada. El Ejecutivo aspira a que la Cámara baja –por donde ingresaría la mayoría de las iniciativas que elabora el Gabinete nacional-- sesione antes de terminar este mes. La fecha probable es el 29.

Para esa primera sesión extraordinaria hay un temario tentativo. La ley de Consenso Fiscal, que suspende la adenda con que el macrismo impuso a los gobernadores la reducción de sus impuestos provinciales. La eliminación de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. Ambos regímenes habían sido exceptuados por el Gobierno de la suspensión de la movilidad jubilatoria (junto con maestros y científicos) para evitar la judicialización de la mega ley de emergencia pública. Ante el reclamo opositor en el Senado, el Presidente prometió el envío de un proyecto para eliminar estos sistemas jubilatorios de privilegio. Tal como anticipó Página/12, un grupo de diplomáticos evalúa contratar una consultora, integrada por Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, para que opere sobre los legisladores y aborte el proyecto del oficialismo.

Otro de los puntos de esta convocatoria sería el respaldo parlamentario al armado de la comisión que analizará y propondrá al Congreso una nueva fórmula para el cálculo de la movilidad jubilatoria. Igual que la aprobación del Parlamento para la renegociación de la deuda externa que el Gobierno heredó de la gestión macrista. Temas que contarían con un consenso amplio.

Otros, en cambio, ya generaron el rechazo y la resistencia de Juntos por el Cambio. Especialmente la reforma judicial, que Fernández anunció durante su asunción ante la Asamblea Legislativa y cuyo envío al Congreso ratificó esta semana. El propio jefe de Estado dijo que el proyecto “ya está listo” para enviarlo, pero evitó adelantar las modificaciones que quiere introducir en la estructura de la actual justicia federal.

Hay otro conjunto de iniciativas en las que el gobierno todavía trabaja. Uno es la conformación del Consejo Económico y Social, que deberá contar con el acuerdo del Parlamento. Lo mismo que la creación del Consejo de Seguridad, que contaría con la participación de las provincias.

El Senado, por su parte, tiene una agenda propia. Aunque también se prevé una reunión del Presidente con su vice, Cristina Fernández de Kirchner –tras su regreso de Cuba a donde fue a visitar a su hija Florencia--, para definir prioridades.

La Cámara alta tiene pendiente el tratamiento de las leyes de Alquileres y Góndolas, que cuentas con media sanción de Diputados. La de Góndolas, que fija límites a comportamientos monopólicos en supermercados, sería una de las prioridades con que el Gobierno quiere acompañar el relanzamiento del programa Precios Cuidados.

Los otros temas pasan por la comisión de Acuerdos: la designación de embajadores, varios de los cuales ya cuentan con el placet de los países a los que fueron designados como destinos diplomáticos, y la aprobación de las autoridades del Banco Central de la República Argentina, que ya están en funciones “en comisión”.

También el Senado, está en condiciones de comenzar en febrero el proceso de audiencias públicas de oposición y antecedentes para la designación del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General. Y para cuya aprobación necesita dos tercios de la Cámara alta.

Fuente: Página 12
Por: Miguel Jorquera

 

El respaldo de los acreedores para diferir el pago vencido hasta el 1ª de mayo fue insuficiente. Canceló la deuda con fondos propios y anunció una amplia reestructuración.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no alcanzó el 75 por ciento de adhesiones de los bonistas para posponer el vencimiento de pago de 250 millones de dólares del 26 de enero al primero de mayo. Al finalizar el plazo de gracia, superó el 50 por ciento pero no logró acordar con el fondo Fidelity, que con el 25 por ciento de la deuda era la “llave” para cerrar la negociación. Por este motivo, el gobierno provincial tomó la decisión de afrontar el pago con fondos propios, tras una colocación de letras realizada el viernes pasado por 10 mil millones de pesos en el mercado doméstico. “No era que teníamos la plata y no queríamos pagar, sin la colocación no íbamos a poder afrontar pagos esenciales como los sueldos y a la vez el vencimiento", indicó una fuente oficial a PáginaI12. Además, afirmó que un default nunca fue una opción, porque generaría una “situación de desorden y consecuencias imprevisibles” para la reestructuración global de la deuda bonaerense y la del gobierno nacional.

El Gobierno provincial decidió a mediados de enero postergar el pago del capital de 250 millones de dólares del bono BP21 que vencía el 26 de enero. La medida fue tomada por dos motivos. Por un lado, porque el vencimiento cayó en medio del proceso global de sostenibilidad de la deuda que encabeza el gobierno nacional y al que el presidente, Alberto Fernández, le puso como fecha tope el 31 de marzo. Por eso el pedido provincial de pasar el pago del capital al primero de mayo.

“El vencimiento era a 40 días de asumir, no había tiempo para encabezar una discusión global de la reestructuración de la deuda”, dijo el gobernador. Este año vencen 220 mil millones de pesos de deuda, que representan el 15 por ciento de los fondos de la Provincia. “No podemos pagarlo con los recursos con los que contamos”, afirmó Kicillof. Durante los últimos 4 años, la deuda en pesos se quintuplicó. Incluso, en el memorándum de oferta que el gobierno de María Eugenia Vidal circuló en 2017 a inversores en bonos, decía: “La Provincia no puede asegurar que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no tengan un efecto adverso y afecten la capacidad de la Provincia de afrontar su deuda”.

En segundo lugar, porque desde el gobierno de Kicillof aseguran que al 26 de enero, día del vencimiento para el pago del bono, no contaban con los recursos provinciales para hacer frente al pago de 277 millones de dólares. Indicaron que contaban con los recursos para pagar los 27 millones de dólares de intereses y el 30 por ciento del capital, tal como propusieron a los acreedores durante la negociación. “No es que teníamos la plata y les decíamos que no íbamos a pagar. La caja de la provincia estaba estresada y no podíamos garantizar tener el dinero para afrontar este vencimiento y a la vez pagar gastos esenciales como los sueldos”, indicó una fuente oficial.

Ante la incertidumbre de poder afrontar todas las obligaciones, buscaron el alivio financiero. “Era la solución menos cruenta, para dejar de postergar a los que ya están en una situación de postergación”, aseguró Kicillof. El proceso de renegociación para posponer el pago del capital duró tres semanas. La Provincia alcanzó el 50 por ciento de adhesión de los bonistas, pero no alcanzó el 75 por ciento necesario para avanzar en el reperfilamiento. Adhirieron más de 200 bonistas, entre ellos el grupo más importante de bonistas organizados, que en un comunicado desde Nueva York apoyaron la modificación por la “buena fe” que mostró la Provincia.

Sin embargo, no lograron la adhesión del fondo Fidelity, que desde la Provincia afirman que contaba con el 25 por ciento de la deuda. Kicillof aseguró que tuvieron una “posición bloqueadora”, dado que tenía la llave para alcanzar los términos para modificar la fecha de pago. Para aceptar, el fondo privado estadounidense solicitaba cobrar la totalidad de la deuda en cuotas.

La propuesta fue rechazada por la Provincia, dado que comenzará un plan de reestructuración de la deuda bonaerense en moneda extranjera. Como la reestructuración que comenzó este martes incluirá a vencimientos de este bono y de otros, el proceso queda abierto y no pueden quedar pagos vencidos pendientes de cancelación. Será un proceso distinto al que lleve la Nación, aunque coordinado, adelantaron fuentes bonaerenses. En los próximos días difundirán un cronograma similar al que elaboró el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. No adelantaron si buscarán cambiar plazos, tasas o capital. “Trabajaremos sobre diferentes escenarios, mirando lo que haga Nación”, agregó una fuente oficial.

El gobierno provincial esperó hasta el último día para acordar, antes de entrar en cesación de pagos, tal como indica el plazo de gracia. “Cuando nos enteramos que este fondo buscaba una situación de desorden, tomamos varias medidas”, aseguró Kicillof. El viernes pasado, 31 de enero, colocaron un título de una letra del tesoro y alcanzaron un resultado de 9300 millones de pesos en el mercado local. “No sabíamos qué acogida iba a tener esto en el mercado, pero terminamos consiguiendo lo que no pudimos con los acreedores”, dijo Kicillof. Participaron fondos de inversión, compañías de seguro, cajas privadas de jubilación, bancos y clientes institucionales. Con esos recursos obtenidos, además de los propios, y sin asistencia del gobierno nacional, es que harán frente al pago de 15 mil millones de pesos del capital del bono BP21.

"El bono venció el 26 de enero y hasta el 31 que logramos la colocación teníamos la incertidumbre de si íbamos a poder pagar”, agregaron. Por este motivo, desde el gobierno provincial aseguran que no se encuentran arrepentidos por haber negociado el reperfilamiento y finalmente haber pagado en tiempo y forma. El default nunca fue una opción. “Ya tuvimos experiencias de este tipo, queremos un proceso ordenado, sin juicios en el medio por incumplimiento”, indicó una fuente oficial.

Fuente: Página 12
Por: Florencia Barragan

Santiago Cafiero señaló la importancia de “reparar las deudas que se venían gestando durante los cuatro años de abandono y desprestigio de la ciencia y hacia nuestro científicos".

El gobierno nacional aplicará un aumento progresivo de más de 15 mil pesos para becarias y becarios del Conicet, cifra que en junio elevará a 45.430 pesos el monto de las becas doctorales (hoy es de 29.817 pesos) y a 54.833 pesos las postdoctorales (en la actualidad cobran 36.752 pesos). El anuncio fue realizado por el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, quien anticipó además el lanzamiento de 400 becas extras que se sumarán a las hoy existentes. Salvarezza estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien señaló la importancia de “reparar las deudas que se venían gestando durante los cuatro años de abandono y desprestigio de la ciencia y hacia nuestro científicos”, en referencia a la política del gobierno de Mauricio Macri.

"Una señal muy importante" | Ana Franchi, presidenta del Conicet, celebró la decisión de aumentar las becas
Ante el anuncio, Mariana Frega, integrante del colectivo Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), le dijo a PáginaI12 que se trata de “una buena noticia”, pero recordó que ellos vienen reclamando “no sólo por los salarios, que están por debajo de la línea de pobreza, sino también porque no cobramos aguinaldo, no nos hacen los aportes jubilatorios y tenemos dificultades serias para las licencias por enfermedad o por maternidad”.

Desde ATE Conicet La Plata celebraron el anuncio y destacaron la respuesta positiva a los reclamos de los trabajadores y las nuevas perspectivas para “el sistema de CyT” en el país, tras los años de abandono y desprecio a los científicos.

Al hacer el anuncio, el ministro Salvarezza sostuvo que las medidas que favorecen a becarias y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica tienen por objetivo “incentivar nuevamente la capacitación científica en el país” y frenar la fuga de científicos producida desde fines de 2015. “Las becas anteriores desalentaban a acercarse al mundo de la ciencia. Tuvimos cuatro años de declive de la actividad científica, pero hoy estamos dando los primeros pasos para poner a la ciencia de pie”.

El ministro dijo que los aumentos son posibles por la decisión del gobierno de incrementar el presupuesto para la actividad. Estimó que se trata de una partida de 900 millones de pesos anuales que significarán “un esfuerzo importante en una Argentina que está en plena emergencia”.

Para el ministro, la medida es también “un mensaje” a toda la comunidad científica, que “fue denostada y estigmatizada por la gestión de Macri”. Agregó que lo que busca el Gobierno es “que vuelvan a tener confianza y que los jóvenes vuelvan a creer que es posible hacer ciencia en nuestro país y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad”. Apeló a una frase corriente que resume la idea: “Queremos que sepan que el destino de ellos no es Ezeiza, que se queden en Argentina”.

Consultado sobre si hubo en los cuatro años de gobierno de Macri algún incentivo para repatriar a los científicos argentinos que desarrollan sus investigaciones en el exterior, explicó que aunque no se cerró oficialmente ese programa “las condiciones de investigación fueron degradas a tal nivel que nadie quería regresar”. Marcó la diferencia con lo ocurrido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en los que “volvieron 1300 científicos”.

“En estos cuatro años, muy poquitos retornaron al país porque el sistema era expulsivo”, precisó el ministro. Por su parte, Santiago Cafiero destacó que con las medidas anunciadas se están cumpliendo “los compromisos asumidos durante la campaña de otorgarles más herramientas y más visibilidad a las áreas científicas y tecnológicas”.

Salvarezza dijo que se reunirá con autoridades de la AFIP “para que se les reintegre el 30 por ciento del impuesto País a los científicos, ya que no están alcanzados por ese impuesto”.

“Celebramos el anuncio realizado por el gobierno nacional. Luego de cuatro años de pérdida del poder adquisitivo en los salarios de les trabajadores del Estado Nacional, de la reducción en los ingresos, recortes de becas y de una dura pelea dada para evitar mayores daños al sector de Ciencia y Tecnología. Notamos un cambio positivo en sentido de dar respueta a los reclamos y esperamos que sea el primer paso de todos los necesarios para generar mejores perspectivas para el sistema de Ciencia y Tecnología tendiente a hacerlo nuevamente viable”, aseguraron desde ATE Conicet de La Plata.

Mariana Frega, integrante de la comisión de Jóvenes Becarios Precarizados, le recordó a PáginaI12 que el reclamo salarial “viene de larga data, sobre todo en los últimos años, pero siempre han sido de los ingresos más bajos, por debajo de la línea de pobreza”. Además, “dentro de la reivindicación salarial están los reclamos para las mejoras laborales de los investigadores en formación y los becarios en particular, como es el caso del aguinaldo que no tenemos y de los aportes jubilatorios para futuro”.

Precisó que ellos pasan “entre cinco y siete años trabajando en nuestros proyectos de investigación, en universidades e institutos, con salarios bajos y sin reconocimiento de aportes y aguinaldos”. Otro de los problemas es que los aumentos “están atados a la paritaria nacional como trabajadores del Estado, con lo cual muchas veces teníamos que ir a pelear para que nos reconocieran los incrementos salariales movilizándonos al ministerio porque no se nos daban de manera automática”. Consideró que “está bien la decisión que se ha tomado, aunque todavía no nos queda muy claro cómo se va a dar la progresión del aumento, porque la medida es muy reciente”. 

En diciembre pasado, en el Congreso Nacional, los becarios y becarias presentaron un proyecto de estatuto, para que todas esas cuestiones se conviertan en normas que garanticen sus derechos laborales. “Lo que queremos es terminar con la idea de que los becarios somos estudiantes crónicos cuando estamos cumpliendo horarios y tareas que el Conicet nos exige y que son parte de nuestro trabajo”. Insistió en que hay “una serie de situaciones por resolver que son importantes, más allá de la importancia que tiene lo salarial, que por lo bajo de nuestros ingresos a veces se torna en una situación dramática para muchos. A veces, sólo pueden continuar como becarios los que tienen una situación de privilegio y no necesitan de otros ingresos, porque tenemos dedicación exclusiva” y no pueden tener otra ocupación laboral.

Fuente: Página 12

El Presidente aseguró que aprendió de los errores del pasado y que pidió segmentar el derecho de exportación. Además, aclaró que no lo subió sino que igualó el porcentaje que había impuesto Macri en 2018.


El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que "aprendió" de los errores cometidos con la resolución 125, de 2008, y que segmentó las retenciones para no igualar a los pequeños productores con los grandes exportadores. Además, adelantó que este lunes se reunirá con la Mesa de Enlace para avanzar en la discusión sobre las medidas.

En una entrevista con Luis Majul, el jefe de Estado aclaró que la suba del derecho de exportación es, en realidad, una actualización de "lo que Mauricio Macri dejó sin actualizar" y aclaró que no aumentarán más que lo anunciado: "Los 30 puntos los puso Macri, yo no puse nada, y lo único que estoy haciendo es darnos la posibilidad de subir 3%", sostuvo y adelantó que ese porcentaje de aumento se destinaría a un fondo para el desarrollo del sector.

Fernández reconoció que aprendió de los errores cometidos en el pasado: "Yo mismo incluí la segmentación para las retenciones, que son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares para empezar a ordenar la deuda". De este modo, los pequeños productores no serán igualados a las grandes propietarios de la tierra.

Desde la quinta presidencial de Olivos, el mandatario alertó que "la Argentina se quedó sin dólares" porque la gestión anterior tomó deuda y dejó que todas esas divisas se fugaran del país. Por eso, sostuvo que es necesario "que vuelvan a entrar dólares y formen parte de la reserva del Estado. De otro modo es imposible hacer frente a las obligaciones" contraídas por el Gobierno de Cambiemos.

En ese contexto, explicó que la moneda norteamericana "es un bien muy escaso. Como no hay en la Argentina, tiene que estar muy caro" para no perder más, pero no se encarecerá para el que tiene que importar para producir sino para el que viaja o los usa para ahorrar.

El Presidente dejó en claro que estas medidas fueron aprobadas por el Congreso y que el Ejecutivo no creó ni definió sobre materia impositiva: "Al Congreso se le mandó impuestos para que legislen sobre eso". Tras aclarar que el parlamento seguirá funcionando como corresponde y que las atribuciones que se le otorgaron no serán indefinidas y se regirán en base al control popular, aclaró que "en la ley de emergencia se corrigen el impuesto a los bienes personales y se crea a la compra de divisas".

Así también se refirió al aumento del impuesto a los bienes personales, porque la reducción hecha por Macri fue, dijo, para beneficiar a sus amigos pero "le arruinó la vida a muchos argentinos". Incluso, explicó que quienes tengan bienes en el exterior van a pagar más porque "es una manifestación de riqueza" y "cuesta mucho más que un departamento en la Argentina. Es pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor".

El mandatario pidió que también estén en agenda los vencimientos de deuda que dejó el macrismo porque "el viernes cayó uno nuevo" y hubo que postergar el pago por la falta de dólares. "En los últimos años, la Argentina se endeudó de un modo impactante. Tomó mucha deuda que dijo pagar en muy poco tiempo y no hay con qué pagarlo".

Con la necesidad de volver a reactivar la economía, destacó que a las Pymes se les dio un plan para reinsertarse en el sistema y poder pagar sus deudas: "Sin eso, van a la quiebra y si van a la quiebra, la economía se achica y dejan a mucha gente desempleada".

Fuente: El Destape

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