Insisten que la prórroga de la emergencia territorial indígena salga por ley

En las primeras horas de ayer, se conoció el decreto presidencial 805/21, que ordena la prórroga de la Ley N° 26.160, de Emergencia Territorial Indígena, hasta el 23 de noviembre de 2025. De esta manera se suspenden, mientras dure la emergencia, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de las comunidades indígenas.

Aún así, los representes de los distintos pueblos insisten que la prórroga se sancione con fuerza de ley en el Congreso de la Nación, y no a través del DNU. Para eso, resta que la Cámara de Diputados, otorgue la otra media sanción que falta, ya que el Senado, la aprobó el 28 de octubre de este año.

Para Víctor Cruz, del Pueblo de Tastil, la aprobación de la prórroga a través del Parlamento es urgente pues su vencimiento es el 23 de noviembre próximo. Contó que la emisión del decreto, era “la última herramienta” que consideraban, por lo que, “vamos a seguir insistiendo desde los territorios que sea ley”. Aseguró que es la legislación, la que les garantiza el derecho pleno a los no desalojos.

“A un decreto lo pueden declarar inconstitucional y todo queda ahí”, expresó. En ese sentido, aseguró que desde los pueblos “queremos que sea ley” y pidieron ser recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Varios representantes indígenas se encuentran acampando a las afueras del Congreso desde hace varios días. Cruz, es uno de ellos, y tras conocer la publicación del decreto, adelantó que permanecerán en el mismo sitio hasta que exista la sanción de la nueva prórroga. De no aprobarse hasta el 23, mantendrán una asamblea con los demás representantes ese mismo día.

La preocupación más latente es que con el decreto se inicien de inmediato los procesos judiciales detenidos por la declaración de la emergencia. “Ellos (por los grupos que intentan usurpar las tierras indígenas) avanzan, y por eso es que nosotros remarcamos que sea ley, porque hoy no hay una ley vencida”, cuestionó.

Por su parte, Ulises Yanes, autoridad de la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, y delegado de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Salta, consideró que “es obligación del Estado nacional garantizar la seguridad jurídica en los territorios de los pueblos originarios en Argentina”.

Por ello, dijo que la prórroga, vía el Congreso, es urgente porque allí se constituye el instrumento normativo más efectivo para el resguardo territorial ante los conflictos existentes, sabiendo que “los atropellos, las persecuciones judiciales y la criminalización hacia la defensa de los territorios, continúan”.

“Hoy el neo colonialismo avanza con otras prácticas diferentes a las épocas de la conquista, pero las intenciones siguen siendo las mismas, que es el despojo territorial”

“Hoy el neo colonialismo avanza con otras prácticas diferentes a las épocas de la conquista, pero las intenciones siguen siendo las mismas, que es el despojo territorial”, manifestó la autoridad diaguita a Salta/12. En ese sentido, dijo que la no aprobación de la nueva prórroga resultaría un retroceso “sustancial” en materia de derechos humanos de los pueblos originarios, pues retardaría el paso siguiente que se busca, que es la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena.

Yanes dijo que los diputados deben tratar urgente el proyecto porque “de lo contrario se avecinan conflictos profundos y los pueblos originarios estamos dispuestos a resistir y defender nuestros territorios”.

El miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, emitió dictamen favorable para la emergencia territorial. Fue rubricado por el Frente de Todos y bloques provinciales, mientras que Juntos por el Cambio, anticipó que presentará su propio dictamen de minoría.

En el decreto, Fernández, expuso que la norma estará vigente mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario. Indicó que “resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos” hasta el 23 de noviembre de 2025.

También informó que de acuerdo al Censo 2010, son 955.032 los descendientes de pueblos originarios dentro de 1760 comunidades indígenas identificadas a la fecha en el país. De este total de comunidades, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sólo ha relevado 746 comunidades indígenas. Asimismo, ha iniciado el proceso de relevamiento en otras 246, que se encuentra en distintos grados de avances de ejecución.

Por lo que aún faltan 768 comunidades por revelar. Fernández, también destacó que en su gestión, a pesar de la pandemia declarada por el Covid-19, se han culminado 73 relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron 7 convenios interjurisdiccionales con las provincias de Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.

Que no pase de diciembre

Por su parte, la diputada por el Frente de Todos, Alcira Figueroa, dijo que el conjunto de los legisladores “no debe quedarse quieto” porque “sabemos que la Justicia puede actuar desconociendo ese DNU, aún teniendo en vigencia la ley hasta el 23”. Reconoció que a pesar de la legislación, se han producido desalojos y persecusiones a dirigentes y comunidades indígenas.

“Con el DNU pueden apelar algunos abogados, y hay algunas corporaciones que tienen cómo hacerlo”

“Con el DNU pueden apelar algunos abogados, y hay algunas corporaciones que tienen cómo hacerlo”, agregó. Asegurando que también existe un temor porque se reactiven las causas que están detenidas y protegidas por la ley, anhelando que el tratamiento dentro del recinto “no se prolongue más de diciembre”.

Mientras que la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, con respecto al decreto sostuvo que “en realidad es una solución que da la certeza que no se pueden reactivar los desalojos”, pero no dejó de lado que resta el debate parlamentario. Puesto que los legisladores pueden optar por ratificar el DNU, o garantizar la prórroga misma con el proyecto que está en las comisiones.

“En términos de seguridad jurídica y tranquilidad de las comunidades, el DNU, determinó que sigan suspendidos los desalojos”, aseguró. Dijo además que la normativa es el reconocimiento de la posesión de la propiedad, lo que obliga a que las órdenes judiciales también vayan en esa línea.

Para Castillo, el DNU, ratifica la voluntad del Estado Argentino de cumplir con lo señalado en la Ley N° 26.160, con la expectativa, de que una vez finalizado el relevamiento, se de la certeza de la propiedad comunitaria.

Así, como ya sucedió con el caso de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat, que después de reclamar por más 20 años, la CIDH, dispuso este año que el Estado otorgue un título único a la propiedad comunitaria a distintas comunidades indígenas. Se tratan de 400 mil hectáreas de tierras ancestrales, que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia.

FUENTE: Página 12

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