El abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo es impulsado por una comunidad de asambleas porteñas como candidato a defensor del pueblo
La renuncia de Alejandro Amor como titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para encabezar la lista de candidates a legisladores del Frente de Todes por ese distrito, dejó acéfalo a ese organismo. Por este motivo, la Legislatura porteña inició el procedimiento de designación de una/o nueva/o defensor/a. La vacancia en ese cargo habilita institucionalmente a realizar una crítica política a la forma de designación y al actual rol de la Defensoría del Pueblo.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires apostó por la transición de una democracia meramente representativa a una democracia participativa y ambiental. En este marco, en 1996 creó la Defensoría del Pueblo como parte de las instituciones que debían cumplir con este mandato.
A 25 años de la sanción de la Constitución porteña, el poder público está capturado por un sector político inmobiliario que impide que los derechos y la democracia participativa ambiental se ejerciten y desarrollen.
El jefe de gobierno controla políticamente la Legislatura, la Auditoría, el Consejo de la Magistratura y dos de las tres cabezas del Ministerio Público (la Fiscalía y la Asesoría Tutelar).
La Defensoría del Pueblo ha adoptado un rol mediador, cuando los derechos humanos, sociales, ambientales y urbanos no deberían ser moneda de negociación. Y un dato no menor es el presupuesto millonario que administra, que para este 2021 es, aproximadamente, de 3.000 millones de pesos. Presupuesto que no es discutido participativamente con el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones.
Esta oportunidad para profundizar el debate en torno la democratización de nuestras instituciones fue aprovechada por asambleas, colectivos y ciudadanes autoconvocades que vienen dando reiteradas muestras de vitalidad democrática y convicción en su resistencia al modelo privatista que desde hace décadas se consolida en nuestra ciudad, despojándonos de nuestro hábitat urbano, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad.
En este contexto, se lanzó la campaña para recuperar la Defensoría del Pueblo para la ciudadanía y sus organizaciones, impulsando como candidato a Defensor del Pueblo al abogado ambientalista Jonatan Baldiviezo. El plazo de postulación finalizó el pasado 17 de septiembre y a esa postulación sólo se sumó la de la legisladora María Rosa Muiños.
Esta campaña, encabezada por Norita Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, tiene por objeto que la Defensoría del Pueblo cumpla su verdadero rol constitucional y que la designación de su titular no surja de un acuerdo macro político ajeno a los reclamos, necesidades e iniciativas del conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones. La Defensoría de la Ciudad debería ser el ámbito institucional donde se sintetice la defensa del derecho a la ciudad y la democracia urbana y se operativice el paradigma de la democracia participativa y ambiental a través de una conducción comunitaria y compartida con la red de asambleas y organizaciones porteñas.
Esta campaña es impulsada por más de 200 asambleas y organizaciones de la Ciudad y recibió el apoyo de miles de personalidades destacadas de la cultura, el feminismo, ámbitos universitarios y académicos, el sindicalismo y la defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales y urbanos.
Para poder participar del debate democrático respecto al rol de la Defensoría del Pueblo en el marco de la Audiencia Pública prevista para les candidates a defensores que va a realizarse este 25 de octubre, es requisito contar con el aval de un legislador o legisladora de la Ciudad. Sin embargo, esta postulación colectiva y ciudadana resultó “proscripta” cuando ninguno de les integrantes del cuerpo legislativo decidió prestar su aval, impidiendo de esta manera un debate democrático que nos debemos hace 25 años.
La vitalidad democrática de la ciudadanía porteña generó campañas como “Es Nuestra Buenos Aires”, “No Vendan la Ciudad”, “Asamblea Ciudadana”, “Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad”, “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, “Costanera Verde y Pública”.
En los últimos años, ha impulsado movilizaciones ciudadanas urbanas de gran magnitud y coordinación, por ejemplo, los ruidazos contra el tarifazo en 2018, la discusión del Código Urbanístico, la actualización del Plan Urbano Ambiental, la defensa de Costa Salguero y la Costanera Sur.
Las acciones judiciales colectivas impulsadas por la ciudadanía lograron frenar la privatización de más de 100 hectáreas de tierras públicas, detener desalojos, democratizar la discusión de la planificación urbana, mejorar el acceso a los servicios públicos básicos y a soluciones habitacionales para sectores vulnerados, frenar torres ilegales y obras que iban a destruir nuestro patrimonio cultural y nuestro hábitat.
Por esa dignidad ganada y ese recorrido mancomunado de defensa de la Ciudad en todas sus dimensiones, la Defensoría del Pueblo debería estar en manos de esta comunidad de asambleas porteñas para que cumpla su verdadero rol de defensa de derechos y profundización de la democratización de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis económica, sanitaria, habitacional, social y ambiental. Lo público y lo común se están extinguiendo y estamos perdiendo definitivamente nuestra identidad ribereña y cultural. Recuperar la Defensoría del Pueblo es fundamental para defender colectivamente nuestra biodiversidad, nuestros espacios verdes, nuestra costanera, el derecho a la vivienda, el acceso igualitario al conjunto de los servicios urbanos y, desde una perspectiva de derechos, para discutir las políticas urbanas que nos permitan habitar, transitar y disfrutar en igualdad de condiciones nuestra ciudad.
Por María Eva Koutsovitis